La consulta previa como mecanismo de participación directa de los pueblos indígenas en la protección del Amazonas colombiano

Abstract

La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y tribales consistente en poder decidir sobre cualquier tipo de medida administrativa o legislativa que se vaya a tomar y les afecte en su economía, cultura y territorio. La consulta se hace con antelación a la implementación de un proyecto al otorgamiento de licencias ambientales, mediante unos parámetros establecidos. Dicho derecho se encuentra soportado en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución Política. Pese a ello, Colombia no se ha adherido completamente a los tratados y convenios internacionales que regulan la materia, lo que ha generado que la Corte Constitucional tenga que pronunciarse constantemente en la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por ese motivo, la consulta cumple el importante rol de planificación sobre la conciliación de las partes frente a sus propias posturas, por un lado, las necesidades estatales sobre el desarrollo de la economía nacional y por el otro las afectaciones y derechos de las comunidades indígenas. Aun así, la posición adoptada por la comunidad indígena respectiva, como resultado de la consulta previa carece de obligatoriedad para el Estado, esto es, no tiene fuerza vinculante, lo que conlleva a una legitimidad de la violación de los derechos de las etnias, al permitir la explotación de sus territorios incluso cuando las comunidades no están de acuerdo, ya que la decisión final de realizar o no el proyecto consultado recae sobre el Estado, lo que se traduce en que la comunidad indígena tiene voz, pero no tiene voto.

Prior consultation is a fundamental right that indigenous and tribal peoples have, consisting of being able to decide on any type of administrative or legislative decision to be taken that may affect their economy, culture and territory. This consultation is made prior to the implementation of a project and to the granting of environmental licenses. This right is based on the 169th ILO Convention and the Colombian Political Constitution. Despite this, Colombia has not fully adhered to international treaties and conventions that regulate this, which has led the Constitutional Court to constantly pronounce itself in the defense and protection of the rights of indigenous peoples. This is why, the prior consultation fulfills the important role of planning on the conciliation of the parties regarding their own positions: on one hand, the state needs, regarding the development of the national economy and, on the other side, the effects and rights of indigenous communities. Despite of, the position adopted by the respective indigenous community, as a result of the prior consultation, this result does not bind the State decisions, situation that leads to a legitimacy of the violation of the rights of ethnic groups, as to the allow the exploitation of their territories even when the communities do not agree, since the final decision of whether or not to carry out the consulted project rests with the State, which means that the indigenous community has a voice, but not a vote.